Manifiesto IV Travesía por el suroeste: Un Abrazo a la Montaña

MANIFIESTO IV TRAVESÍA POR EL SUROESTE DE ANTIOQUIA

UN ABRAZO A LA MONTAÑA

CONSTRUYENDO EL DISTRITO AGROECOLÓGICO, ÉTNICO Y CAMPESINO

La IV Travesía por el Suroeste: Un Abrazo a la Montaña, ha movilizado a organizaciones sociales, en el reconocimiento del Mandato Popular COA y las rutas diversas para la construcción del Distrito Agroecológico en el suroeste de Antioquia, desde el reconocimiento de los territorios interculturales, los derechos de la naturaleza, el campesinado y los pueblos étnicos como sujetos de protección especial. Sin embargo, apenas inicia su camino con la emergencia de propuestas diversas y comunitarias de las organizaciones sociales del suroeste de Antioquia para la construcción del Distrito Agroecológico, Étnico y Campesino en las majestuosas montañas y ríos del suroeste de Antioquia.

Como ejercicio político de movilización social, la Cuarta Travesía logró articular diversos actores del Territorio como las organizaciones sociales, la Iglesia, pequeños productores, administraciones y concejos municipales, además de algunas Ong’s, lo cual valoramos significativamente. Durante siete días, en una movilización continua, visitamos los territorios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Palermo, La Pintada, Fredonia, Andes, la comunidad indígena Karmata Rua, Pueblorrico, Jericó y la Vereda la Soledad, saludando con una profunda admiración y con mucho amor la Montaña Madre, el Cerro Cristo Rey, los Farallones de la Pintada, el Cerro Bravo, el Cerro Tusa, los Farallones del Citará, el Cerro Plateado, el Cerro el Gólgota y la Trocha, La Capota, las Nubes y la Mama, abrazamos a los bosques de niebla, al bosque seco tropical (BST), al Escarpe Jericó-Támesis, a toda la franja del río Cauca.

El gran Abrazo a la Montaña nos ha conectado con sus entrañas, ahora vibra al interior de nuestros cuerpos, ha renovado nuestras fuerzas y en lo más profundo de su regazo, se alimenta el espíritu, nuestra lucha:

Reconocer la cuenca del Río Cauca como sujetos de protección especial (Sentencia 038 del 2019) implica valorar la integridad de sus ecosistemas con el ciclo del agua, que en sus diversos estados (líquido, gaseoso y sólido), especialmente en su fase de evaporación y condensación se interrelaciona con la montaña y con los bosques de niebla, que en el mismo proceso de condensación y precipitación, nuevamente la montaña, por medio de sus nacimientos y todo el sistema hídrico como los ríos y los acuíferos, le tributan al Río Cauca. Tuvimos la posibilidad de reconocer nuestras grandes potencialidades ecosistémicas y hacerle un homenaje al Río Cauca en la Pintada.

Nos encontramos frente a un sistema integral y biocultural que ha estado amenazado por proyectos mineros, como el caso de AngloGold Ashanti con Minera de Cobre Quebradona en Jericó, además de otros proyectos energéticos, agroindustriales y turísticos que, bajo el modelo extractivo, ha acelerado la destrucción del bosque seco tropical, un ecosistema que está en vía de extinción, además de la destrucción de nuestros cerros, farallones y páramos, la destrucción de los bosques de niebla, los sietecueros, los cominos y otras especies nativas de flora, también propiciando el desplazamiento de fauna silvestre. Finalmente se están privatizando los ríos y los caminos ancestrales, afectando los usos culturales del agua y el territorio de los pueblos étnicos y campesinos.

La crisis climática es un fenómeno global y local que afecta nuestros modos de vida, una crisis que se acelera en el suroeste de Antioquia con responsables directos que, bajo el modelo de desarrollo, desconocen y vulneran otras alternativas económicas y de buen vivir, las que históricamente han estado presentes y por las cuales nos movilizamos, para protegerlas.

Relacionar al Rio Cauca con las Montañas Madres de la Cordillera Occidental y Central, y las prácticas culturales de las comunidades étnicas y campesinas, de las organizaciones sociales y ambientales, nos plantea que somos Territorios Interculturales y nos sitúa en el reconocimiento de los derechos bioculturales. Estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza y la cultura de las comunidades étnicas y campesinas que la habitan, las cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente (Sentencia T-622 de 2016). Desde esta perspectiva la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que interactúan con ella.

Las comunidades étnicas y campesinas que hacen valer sus derechos bioculturales, se fundamentan en los siguientes preceptos de acuerdo con la Corte Constitucional (Sentencia T-622/2016): (i) la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de las comunidades, (ii) la forma de vida relevante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica está vinculada con una tenencia y uso de la tierra. Estas transformaciones que se gestan en el derecho tienen relación intrínseca con los Planes de Vida, dado que se asocian directamente con la protección de la naturaleza, la cultura, las diversas formas de vida y su autonomía, ya que son vistos como planes de vida de las comunidades para mantener su herencia cultural distintiva y la posibilidad de garantizar condiciones dignas de permanencia territorial para las generaciones futuras.

Los derechos bioculturales es la confluencia del campesinado, de los pueblos étnicos y de la naturaleza como sujetos de protección especial. En el marco de los Mandatos Populares del COA, queremos resaltar la importancia de las siguientes propuestas para abrir el debate en la construcción del Distrito Agroecológico, Étnico y Campesino, a partir de los siguientes puntos:

1. PLANES DE VIDA COMO MODELO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-445/2016, el desarrollo no es el único modelo protegido constitucionalmente: La Constitución protege los proyectos alternativos de convivencia y de buen vivir. Desde nuestros procesos sociales, hemos construido políticas que promueven la protección del patrimonio común, como lo son los Planes de Vida.

Los Planes de Vida como modelo alternativo en el relacionamiento y ordenamiento territorial, debe ser reconocido, protegido y respetado, dando todas las garantías para que sea implementado sin presionar sus ritmos de trabajo y, mucho menos, sin imponerle una lógica ajena a su construcción territorial.

Los Planes de Vida para el buen vivir y la vida digna, se relaciona con el concepto de la Dignidad Humana enunciada por la Corte Constitucional en la sentencia T 881/02:

1. Dignidad Humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera)
2. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).
3.  La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

Desde nuestros Planes de Vida Comunitarios, planteamos rutas y metodologías importantes para desarrollar las propuestas que presentamos a continuación.

2. COMISIÓN INTERCULTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO AGROECOLÓGICO, ÉTNICO Y CAMPESINO

Las Territorialidades Campesinas y Étnicas son el reflejo del relacionamiento con la tierra, el agua, la naturaleza y el territorio, sus condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales, que históricamente han venido siendo ocupados o gestionados por las comunidades y constituyen el ámbito tradicional de sus actividades en las dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, como sujetos de derechos y especial protección constitucional (Art. 64 C.P). Desde estas políticas debemos fortalecer las articulación Intersectoriales e interinstitucionales mediante la expedición de un CONPES para el suroeste de Antioquia que consoliden los programas políticos y los recursos VINCULANTES a largo plazo.

Proponemos la implementación de ejercicios de reconocimiento del Territorio por medio de las representaciones, los saberes y las prácticas territoriales de las comunidades indígenas y campesinas, de las organizaciones de mujeres, niños, niñas y jóvenes del suroeste de Antioquia, propiciando talleres locales, cabildos municipales y encuentros regionales para consolidar las temáticas y las metodologías de este gran diálogo nacional, que emerjan desde las experiencias arraigadas de las organizaciones sobre su territorio, dando apertura y propiciando un gran debate en la región y en el país en torno a las territorialidades existentes, sus historias y sus proyectos de vida, algunas reconocidas jurídicamente, otras culturalmente, como lo son:

• Territorios Indígenas.
  • Zonas de Reserva Campesina.
  • Territorios Campesinos Agroalimentarios y Territorios Acuáticos Agroalimentarios.
  •  Distrito Agrario Supramunicipal.
  • Agrosistemas Biodiversos Familiares y Sistemas Agroecológicos Colectivos
  • Distrito Rural Campesino.
  • Áreas arqueológicas y planes de manejo para la protección del patrimonio cultural.
  • Zonas de Reserva de la Sociedad Civil.

• 3. COMISIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

La necesidad de construir una ruta de trabajo para hacer un diagnóstico integral sobre los conflictos socioambientales de los proyectos extractivos y de infraestructura, valorar de qué manera los conflictos socioambientales afectan al territorio, en un diálogo técnico y comunitario que se van consolidando mediante trabajos educativos e investigaciones académicas y comunitarias para determinar qué actores y agentes afectan las tradiciones campesinas, las culturas indígenas, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

Esta propuesta nace frente a las omisiones e incapacidades del gobierno nacional al conceder irresponsablemente títulos mineros sin tener estudios previos que permitan tomar decisiones reales sobre los territorios. En la sentencia T445/2016,  la corte constitucional llama la atención sobre cómo el gobierno nacional ha construido toda una política minero-energética sin contar con los adecuados estudios técnicos, científicos y sociológicos que permitan evaluar los impactos que generan dichas actividades en los territorios, por tal motivo la Corte ordenó:

«(…) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República que conformen una mesa de trabajo interinstitucional a la cual podrán vincular más entidades estatales y privadas, centros de investigación y miembros de la sociedad civil, con el objeto de construir una investigación oficial científica y sociológica, en el cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano. Para la finalización de la investigación se concederá el término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta sentencia.

• 4. DECLARACIÓN DE PATRIMONIOS CULTURALES Y NATURALES EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA

Declarar las fuentes hídricas, las culturas étnicas y campesinas como patrimonios culturales municipales y regionales, mediante toda una propuesta investigativa y de reconocimiento territorial, para identificar sus componentes, riquezas y conflictos. De esta manera, construir sus significados culturales y diseñar políticas públicas para su protección.

Esta declaratoria se conecta directamente con el reconocimiento de los pueblos campesinos y étnicos, y el de los ríos, como sujetos de protección especial. Con la construcción y declaratoria de los patrimonios culturales y naturales en los contextos locales y regionales, propiciaremos caminatas y travesías para realizar un diagnóstico integral sobre las conflictividades ambientales y las riquezas territoriales, especialmente reconocer los saberes y prácticas interculturales de los pueblos campesinos y étnicos y sus relaciones con el agua. Desde estos diagnósticos centraremos acciones y construiremos políticas públicas para la transformación de los conflictos socioambientales, pero especialmente para la protección de derechos.

En el marco de estas políticas le apostaremos:

• a la restauración participativa de ecosistemas;
• al reconocimiento y protección de los sitios sagrados;
• a la construcción de Museos del Territorio, Museos al aire Libre, Museos Arqueológicos y Salas Patrimoniales;
• Casas Madres del Territorio;
• Casas de Semillas Criollas y Nativas;
• Jardines Botánicos;
• Casas Culturales;
• Casas de la Mujer, del Campesinado y otros procesos culturales.

• 5. MESAS PLANES DE VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DEL CAMPESINADOS, DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS Y DE LA NATURALEZA.

Se constituye en un espacio de concertación entre concejo y alcaldía municipal con organizaciones campesinas para la concertación e implementación de los Planes de Vida Integrales y Comunitarios, incorporados conjuntamente en planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial. Mediante los acuerdos municipales N°022 del 2020 en Caramanta y el N°017 del 2020 en Valparaíso, se instalaron las Mesas Planes de Vida Comunitarios.

La instalación de las Mesas surge como ruta política y metodológica para  implementar de manera concertada los Planes de Vida Comunitarios dentro de los Planes de Desarrollo (PD), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), se constituye en un espacio efectivo de concertación para la implementación efectiva de los derechos del campesinado, los pueblos étnicos y la naturaleza como sujetos de protección especial

Las Mesas están integradas por alcaldía municipal, concejo municipal y organizaciones sociales y está acompañada de redes de apoyo, conformada por personerías municipales, la iglesia y organizaciones no gubernamentales.

En el marco de estas Mesas, construiremos políticas públicas para la vida y la paz, como producto de grandes acuerdos comunitarios, municipales y regionales, construidos a partir de los lineamientos de los Planes de Vida y de Desarrollo locales y veredales, entre ellas proponemos:

• Política pública de agroecología
• Política Pública de participación social
• Política Pública del agua
• Política Pública de educación territorial
• Política Pública de Cultura
• Política Pública de Género

• 6. PARTICIPACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El ordenamiento territorial debe considerarse un instrumento por el cual las organizaciones sociales debemos movilizarnos para continuar legitimando nuestro proceso de construcción de Territorios Sagrados para la Vida como apuesta social, cultural, política y territorial. La forma de construirlo emerge desde la participación social efectiva y afectiva, entendida desde aquellas acciones cotidianas, colectivas y organizativas que nos permite (re)definir acciones políticas, económicas, sociales y culturales y que se resignifican desde los sentidos del lugar, desde el amor y la solidaridad, aportando a la transformación y democratización del Territorio.

Bajo la premisa de que la concertación social es producto de acuerdos integrales con las comunidades que habitan el territorio, no podemos aceptar que se instrumentalice la concertación para imponer megaproyectos. Si bien la sentencia SU-095 -se supone- niega la posibilidad de prohibir estas prácticas mediante las consultas populares, también debemos resaltar que la Corte reconoció que las decisiones deben construirse bajo la base de la concertación.

La concertación es producto de acuerdos en los territorios bajo el principio constitucional de la participación social como se fundamenta en la sentencia C- 150 de 2015, por tal motivo se tienen en cuenta las propuestas de participación social que están incorporadas en los Planes de Vida, entre ellos: cabildos abiertos; cabildos comunitarios; consultas autónomas; mandatos comunitarios; los encuentros comunales, locales y regionales; los medios de comunicación comunitarios, los procesos de educación territorial, las Mesas Planes de Vida Comunitarios, además, los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la ley 1757 de 2015 y otros mecanismos que se incorporan dentro de las fases del ordenamiento territorial y en general para la toma de decisiones sobre el territorio como el derecho de petición, las veedurías ciudadanas, la acción de cumplimiento, la consulta previa, la rendición de cuentas, entre otras.

Revisando varios EOT/POT de nuestros municipios, la actividad minera y otras actividades extractivas, aparecen incluidas en los usos prohibidos y/o en los usos restringidos del suelo. Bajo esta premisa, no podemos aceptar que los proyectos minero-energéticos  se incluyan en los usos principales o en los usos secundarios del Territorio sin que se haya materializado  una efectiva concertación social, toda vez que la vocación económica y cultural del territorio ha sido agropecuaria y no minero-energética. Es importante reiterar que las competencias para decidir sobre los usos del suelo es facultad directa de los concejos municipales y que el ordenamiento territorial debe promoverse bajo el principio democrático de la participación social.

La función social y ecológica de la propiedad y la prevalencia del interés general en el Territorio, se expresa al plantear que los usos del suelo y  los usos del agua  deben estar en función y protección de las economías indígenas y campesinas, la agroecología, los circuitos económicos solidarios, la gestión comunitaria del agua y de la tierra, la tradición campesina, la cultura indígena, las fuentes hídricas, la participación social y el patrimonio cultural y ambiental. Las propuestas para el Esquema de Ordenamiento Territorial  se constituye en una matriz para el debate que está en construcción en el suroeste de Antioquia y se basan en cuatros puntos: 1)  los usos del suelo y los usos del agua, 2)  el patrimonio cultural y ambiental, 3) la participación social efectiva y afectiva y 4) la educación popular territorial (ver Mandato COA[1])

En el marco de los usos del suelo, en el Esquema de Ordenamiento Territorial se plantea cuatro tipos de usos del suelo, entre ellos: usos principales, usos secundarios, usos restringidos y usos prohibidos. Para este caso, proponemos que las prácticas agroecológicas, los circuitos económicos solidarios, la agricultura campesina, la diversificación de la producción, la gestión comunitaria del agua (acueductos comunitarios), la gestión comunitaria de la tierra (trapiches comunitarios y otros), los sitios sagrados, las zonas de protección natural, además de otros usos culturales del agua y el suelo, sean incorporados dentro de los usos principales del Territorio.

Para los usos restringidos se reconoce la existencia de algunas prácticas económicas que afectan –o puede afectar- la tradición campesina, la cultura indígena y las fuentes hídricas. Se plantea que estas prácticas deben ser sometidas al diálogo para la definición de acuerdos con las organizaciones sociales reconociendo y/o implementando sus procesos de Consultas Autónomas, Cabildos Comunitarios, Mandatos Populares y Planes de Vida, teniendo como criterios la definición de alternativas y transiciones energéticas, alimentarias, turísticas, entre otras, que garanticen prácticas sustentables con la tierra y el agua.

Los usos restringidos deben someterse a tres condiciones: 1) Que no afecte la tradición campesina, la cultura indígena y las fuentes hídricas; 2) que garantice la participación social efectiva y afectiva y 3) que se definan transiciones hacia alternativas económicas sustentables con el territorio

• 7. UNIVERSIDAD POPULAR E INTERCULTURAL EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA.

Es un proceso que se está construyendo con organizaciones sociales del suroeste de Antioquia desde la articulación y la coordinación del Cinturón Occidental Ambiental (COA). Es un proyecto a largo plazo que abrirá caminos y sembrará semillas para su germinación. Será un punto de llegada como producto del trabajo articulado de nuestra línea de educación popular territorial, es decir, desde el fortalecimiento de las escuelas del territorio, entre ellas:

1) las escuelas agroecológicas;

2) las escuelas polinizadoras del Territorio;

3) las escuelas del agua;

4) las escuelas sociojurídicas;

5) las escuelas de arte y cultura;

6) las escuelas de género;

7) las escuelas de comunicaciones;

8) las escuelas interculturales;

9) las cátedras del territorio;

10) el curso de extensión construcciones de paz y reconciliación con la naturaleza; y

11) el Diplomado Territorios Sagrados para la Vida.

La articulación de las Escuelas que el COA ha estado construyendo será determinante para la construcción de la Universidad Popular e Intercultural del suroeste de Antioquia donde las Fincas Escuelas Agroecológicas serán las sedes de nuestro Territorio Universitario. Este camino los estamos trazando desde la educación popular territorial como punto de encuentro.

El Diplomado “Territorios Sagrados para la Vida: prácticas y saberes interculturales para el buen vivir en el suroeste de Antioquia”, se constituye en un punto de confluencia de los conocimientos y experiencias de estas escuelas con enfoque territorial, proceso que la articulación COA construye desde la educación popular y ambiental. El Diplomado nace de la alianza entre el COA, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y surge como necesidad de las organizaciones sociales para el reconocimiento de saberes y prácticas locales que aportan a la construcción del buen vivir, la paz y la autonomía en el suroeste de Antioquia.

Ofrece a las comunidades campesinas y étnicas, herramientas propias que contribuyan a la transformación de los conflictos sociales y al fortalecimiento de sus planes de vida integrales y comunitarios. También propone una mirada integral del territorio, indagando por los saberes y prácticas locales, promoviendo procesos pedagógicos, relaciones dialógicas y enfoques de investigación social y comunitaria, fortaleciendo el conocimiento local y la participación social de las organizaciones. Su apuesta política y cultural se construye desde la articulación de todas las escuelas del Territorio presentes en el suroeste de Antioquia y con la alianza de instituciones de educación superior y con organizaciones no gubernamentales aliadas.

• 8. MESA DE UNIDAD Y CONCERTACIÓN.

La MUC es una conquista de las organizaciones sociales del Suroeste, se ha constituido en un espacio de interlocución con el Gobierno Nacional. El 22 de septiembre del 2023, varias organizaciones sociales del suroeste de Antioquia y noroccidente de Caldas, convocamos a un paro regional en el municipio de La Pintada con el propósito de visibilizar los conflictos sociales y ambientales de los territorios y convocar con urgencia a la apertura de un gran diálogo regional y nacional para construir la figura del distrito agrario y ecológico. En este contexto y como producto del paro regional, se acordó con el gobierno nacional un encuentro presencial para iniciar este gran diálogo.

El 13 de octubre, en el marco de estos primeros diálogos, se propone la construcción de una herramienta que, metodológicamente, nos permitiera avanzar en la concertación y se le apostó a la creación de la Mesa de Unidad y Concertación (La MUC).

El 15 de noviembre, en reunión de la MUC, se propuso al Ministerio del Interior la creación de un acto administrativo para el reconocimiento de esta mesa de concertación y ofrecer garantías en la negociación. Mediante la resolución 0260 del 28 de febrero de 2024, se da vida administrativa. De esta manera La MUC tiene como propósito la creación del Distrito Agroecológico y la transformación de los conflictos sociales y ambientales generados por megaproyectos extractivos y de infraestructura.

Como actores negociantes y en el marco de parágrafo 4 del Artículo 2 de dicha resolución, se plantea que La Mesa tendrá su propia reglamentación, con la cual tenemos pendiente ampliar el escenario de la Concertación Social con organizaciones sociales y otras instituciones gubernamentales de los municipios y de la región.

Es importante señalar que en esta misma resolución, en el parágrafo 1 del artículo ya mencionado, se señala que el Ministerio del Interior es el encargado de dinamizar la mesa de negociación, situación con la cual hemos tenido incumplimiento y se ha dilatado el proceso.

Queremos reiterar nuestro compromiso, como lo manifestaron las juventudes y las organizaciones sociales, alcaldías y concejos municipales en el IV Abrazo a la Montaña, de ampliar la participación para que podamos construir el Distrito Agrario, Étnico y Campesino, es importante resaltar que la Mesa de Unidad y Concertación fue una conquista lograda en la movilización social y no fue un regalo del gobierno nacional. Queremos darles un mensaje de tranquilidad a las organizaciones del suroeste de Antioquia, consideramos necesario fortalecer la representación de diversos sectores sociales: las mujeres, las juventudes, las comunidades indígenas, las Asocomunal, entre otras, además de la participación de concejos y alcaldías municipales. De esta manera, exigimos al gobierno nacional y especialmente al Ministerio del Interior, celeridad en el proceso de negociación y al cumplimiento de los acuerdos establecidos.

La IV Travesía por el suroeste de Antioquia: Un Abrazo a la Montaña, es un aliciente para convocar a las organizaciones del suroeste y continuar nuestras luchas permanentes, convocando a la articulación y a la movilización.

SOMOS SUROESTE DE ANTIOQUIA

SOMOS TERRITORIOS SAGRADOS PARA LA VIDA

ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES

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[1] https://coaterritoriosagrado.org/mandato-popular-coa-participacion-y-autonomia-para-resignificar-el-ordenamiento-territorial/