El Cinturón Occidental Ambiental (COA) como proceso de articulación de organizaciones campesinas, sociales y ambientales que construimos Territorios Sagrados para la Vida en las majestuosas montañas y ríos del suroeste de Antioquia, rechazamos la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y la actitud cómplice de quienes se hacen llamar “dirigentes” del suroeste.
El pasado 24 de octubre, en el Encuentro de Dirigentes del Suroeste realizado en Fredonia, el Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó la derogatoria de las APPA que abarcan 19 municipios de la región, correspondiente a cerca de 102.800 hectáreas, casi el 29 % del suelo rural. La decisión fue recibida con aplausos por el gobernador y otros dirigentes, bloqueando el debate de fondo sobre la vocación agropecuaria, los derechos del campesinado y el derecho humano a la alimentación.
¿A quién beneficia esta decisión? La misma revisión del Ministerio reconoce que el 30,9 % del área de las APPA se cruzaba con títulos mineros o con zonas de potencial minero. Mientras tanto, el suroeste sigue en la mira de proyectos como Quebradona, de AngloGold Ashanti, en Jericó, rechazado por amplios sectores de nuestras comunidades. Es evidente a quiénes les estorban las APPA.
Las APPA no son un capricho. La Resolución 377 de 2024 abrió el camino para declararlas en 19 municipios del suroeste, en respuesta a una alerta global: según la FAO, para el año 2050, el 90 % de los suelos del planeta podrían estar degradados.[2] El Atlas Mundial de la Desertificación advierte que más del 75 % de las tierras ya lo está, y en Colombia, según el IGAC, cerca del 40 % del territorio presenta algún grado de erosión.
Los dirigentes dicen defender la autonomía territorial, pero esa autonomía no es la de las comunidades que habitamos, cultivamos y cuidamos estas montañas. Es la que reclaman para disponer a su antojo el uso del suelo y dejar el territorio libre para las multinacionales. Para ellos, autonomía no significa proteger el suelo, el agua y los alimentos de quienes vivimos aquí, sino abrirle las puertas a la minería.
La historia reciente lo demuestra. En 2017, cuando el Concejo de Jericó ejerció su autonomía y prohibió la minería en su territorio, al igual que otros 12 municipios más, el gobierno nacional anunció que demandaría ese tipo de acuerdos y AngloGold Ashanti los calificó de inconstitucionales. Entonces no vimos a estos dirigentes defender la autonomía territorial con el mismo entusiasmo. La autonomía solo se invoca cuando sirve para quitar protecciones, nunca cuando las comunidades la usan para cuidar su territorio.
Este debate apenas comienza. Estaremos en los concejos y las alcaldías, en las movilizaciones sociales y en los debates de las próximas elecciones municipales. Convocaremos cabildos abiertos y, si es necesario, iniciativas populares normativas, consultas populares y referendos.
Y así como muchos de estos dirigentes no quisieron participar en los espacios que abrieron la UPRA y el Ministerio de Agricultura del gobierno anterior, nosotros sí los buscaremos, de cara a la comunidad, para exigir el reconocimiento y protección de figuras territoriales que protejan nuestros suelos, nuestras montañas, nuestros ríos y nuestros derechos.
Desde 2019, el Tribunal Superior de Medellín reconoce al río Cauca, su cuenca y sus afluentes como sujetos de derechos. En el 2023 mediante el acto legislativo 01, se modificó el artículo 64 de la Constitución Política para reconocer al campesinado como sujeto de protección especial. Estos reconocimientos se han ganado con sudor y muchos esfuerzos; ahora nos corresponde defenderlo con todas nuestra dignidad.
SOMOS SUROESTE DE ANTIOQUIA,
SOMOS TERRITORIOS SAGRADOS PARA LA VIDA
[2]https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/para-el-2050-mas-del-90-de-los-suelos-podrian-estar-degradados-en-colombia-377072
