El pasado 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Medellín se realizó el encuentro del Tribunal Internacional de Opinión (TIO) con el propósito de escuchar a las víctimas de diferentes regiones de Antioquia y del Carmen de Atrato (Chocó), para denunciar aquellas “prácticas sistemáticas de grandes empresas, apoyadas y articuladas con el Estado, que desconocen lo más elemental de la dignidad humana”, señala el informe del Tribunal.
Para el caso del suroeste de Antioquia, se expuso el conflicto social y ambiental generado por el proyecto Quebradona de la AngolGold Ashanti en Jericó, donde varios representantes de la mesa ambiental, campesinos de Palocabildo y el Cinturón Occidental Ambiental (COA), expusieron detalladamente la violación a los derechos humanos y el derecho al territorio.
Dentro de los aspectos más relevantes que condena el Tribunal Internacional tiene que ver con el “ingreso encubierto de la AngloGold Ashanti al territorio del suroeste antioqueño y la imposición del proyecto La Quebradona en Jericó-Antioquia (…); la privatización y militarización de los predios, en donde el ejército nacional ha cumplido por más de ocho años un papel fundamental en la protección de los intereses de la empresa (…)”.
El Tribunal además expresa que existen evidencias de la vulneración de los derechos al acceso al agua y a un ambiente sano, por las afectaciones generadas en la fase de exploración que incluye las perforaciones, causando la expulsión de aguas subterráneas, problema que aún continúa.
Igualmente se reconoce la fuerte oposición que el COA y las comunidades del suroeste de Antioquia han manifestado contra la minería, implementando mecanismos de participación ciudadana y otras acciones de carácter jurídico como las consultas populares y los acuerdos municipales, mecanismos y acciones que el Tribunal Administrativo de Antioquia ha invalidado y que el Consejo de Estado ha dejado sin efectos jurídicos, a pesar de que la normatividad colombiana reconoce los mecanismos de participación ciudadana y la autonomías de las entidades territoriales como fundamentos del estado social de derecho.
Frente a estos hechos de encubrimiento, imposición, privatización de predios y caminos ancestrales, militarización, afectación en las aguas, desconocimiento de la participación social y de las competencias de los concejos y alcaldías municipales, la represión y estigmatización social, el Tribunal Internacional de opinión CONDENA:
- “A las grandes corporaciones AngloGold Ashanti, Mineros S.A. y el Roble S.A por dar prioridad a la maximización de las ganancias sobre los derechos colectivos de los Pueblos (…), así como por su captura del Estado y del conjunto de instituciones locales a favor de sus intereses (…)”
- “Urgimos a la comunidad internacional que regule la actuación de las empresas trasnacionales con casas matrices en diversos países (…)”
- “La resistencia es un derecho natural: el camino por el que transitan los campesinos, indígenas y afrodescendientes (…), una resistencia que pretende trascender hacia la reciprocidad, hacia el equilibrio de la vida (…) considerada como una placenta vital que ha protegido por miles de años la existencia y pervivencia de prácticas ancestrales, culturales y espirituales (…). Las puestas por los planes de vida y las consultas populares, etc., no pueden ser criminalizada, ni desvalorizadas. Al contrario, son el camino (…) para construir verdadera democracia y una paz real y transformadora”.
Con esta sentencia, el Tribunal Internacional de Opinión existe con el propósito de apelar a la conciencia de los seres humanos y denunciar la degradación del derecho que ha generado rupturas con principios éticos universales, subordinándose a las fuerzas corporativas que dominan el mundo. Este proceso se constituye en un ejercicio de transparencia para confrontar los hechos con las leyes, dejando constancia ante el mundo de las contradicciones vigentes entre el derecho proclamado y las prácticas comprobadas.
Ver Sentencia en el siguiente Link: Sentencia_TIO-comprimido